El caso de Rubén Rocha Moya se ha convertido en uno de los episodios más controvertidos de la política mexicana en 2026; el gobernador de Sinaloa pidió licencia en medio de graves señalamientos relacionados con vínculos con el crimen organizado y, tras más de 100 días fuera del cargo, regresó muy fresco para solicitar nuevamente licencia indefinida.
El caso también abrió la discusión sobre otros gobernadores en funciones que han enfrentado cuestionamientos por corrupción, opacidad, vínculos con personajes señalados por actividades ilícitas, autoritarismo o incapacidad para contener la violencia.
No todos enfrentan acusaciones penales ni hay una sentencia en su contra, pero sus gobiernos han acumulado controversias que merecen escrutinio público.
Uno de los casos más delicados es el de Marina del Pilar Ávila, gobernadora de Baja California; esta mandataria ha enfrentado cuestionamientos derivados de la cancelación de su visa estadounidense y de señalamientos relacionados con su entorno personal y político.
La difusión de audios volvió a colocar su nombre en el centro de la polémica; desde luego, ella ha rechazado que exista alguna negociación irregular y ha cuestionado el origen y propósito de esas grabaciones.
En Tamaulipas, Américo Villarreal también ha sido mencionado en reportajes estadounidenses relacionados con investigaciones sobre redes de contrabando de combustible y crimen organizado.
Su nombre apareció vinculado periodísticamente con el empresario Sergio Carmona, conocido como el “Rey del Huachicol”. Villarreal, por supuesto, ha negado categóricamente cualquier relación ilícita y ha sostenido que tiene la conciencia tranquila.
Alfonso Durazo, gobernador de Sonora, tampoco ha escapado a los cuestionamientos, pues reportes periodísticos lo han relacionado con investigaciones estadounidenses y con versiones sobre vínculos entre operadores políticos y estructuras criminales.
Como era de esperarse, Durazo ha rechazado las acusaciones, ha defendido la legalidad de su actuación y ha exigido rectificaciones a quienes han difundido esas versiones.
En Campeche, Layda Sansores representa otro tipo de controversia: la confrontación con medios y periodistas; durante su administración se han documentado disputas legales y políticas con comunicadores, mientras organizaciones defensoras de la libertad de expresión han cuestionado el ambiente generado desde el poder.
La gobernadora, por su parte, alega que ha respondido a ataques y expresiones que considera ofensivos o misóginos.
El conflicto entre Sansores y la prensa ha adquirido especial relevancia porque ocurre en un estado donde diversos medios han enfrentado dificultades económicas y judiciales.
Rocío Nahle, gobernadora de Veracruz, enfrenta una controversia distinta, pero igualmente relacionada con la transparencia; su declaración patrimonial generó cuestionamientos por los ingresos reportados y por la operación de compraventa de un inmueble.
El manejo de la información patrimonial provocó críticas y alimentó dudas sobre la claridad con la que se explica el origen y evolución de determinados recursos.
En Zacatecas, David Monreal ha enfrentado durante buena parte de su administración el enorme desafío de la violencia; aunque su gobierno presume reducciones importantes en homicidios y otros indicadores delictivos, la entidad arrastra una crisis de seguridad que durante años colocó al estado entre los más golpeados por el crimen organizado.
El contraste entre las cifras oficiales y la percepción ciudadana mantiene abierta la discusión sobre la eficacia de su gobierno.
Tabasco, bajo la administración de Javier May, también enfrenta un escenario complicado, porque el incremento de delitos de alto impacto y la percepción de inseguridad han generado críticas hacia el gobierno estatal, particularmente en Villahermosa.
Los casos son diferentes y no pueden colocarse automáticamente en el mismo nivel; no hay evidencia pública que permita afirmar que todos los gobernadores mencionados hayan cometido delitos, ni todos enfrentan investigaciones formales; lo que sí existe es una acumulación de controversias que exige instituciones capaces de investigar sin importar el partido político del gobernante.
